ISO 31000

Las organizaciones se encuentran sometidas a continuos cambios que pueden afectar a la continuidad de su actividad.

Las Administraciones Públicas, al igual que el resto de organizaciones, deben gestionar los riesgos a los que se encuentran expuestas, producto de estos cambios contínuos. Por ello, la ISO 31000 es el estandar internacional que sienta las bases para gestionar de manera correcta la gestión de riesgos en las organizaciones.

Son estos cambios los responsables de que las administraciones públicas deban enfrentarse a factores externos e internos de la organización, generando incertidumbre en la consecución de sus objetivos. Este efecto que crea incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos de la organización se denomina riesgo.

La gestión de los riesgos en las instituciones públicas logra:

– Aumentar la posibilidad de lograr los objetivos planteados los la administración pública.

– Concienciar de la identificación y tratamiento de los riesgos a todos los niveles organizativos.

– Aumentar la la participación y compromiso de toda la institución para prevenir y administrar los riesgos.

– Cumplir con los requisitos legales en vigor.

– Mejorar la gestión y proteger los recursos del Gobierno.

– Establecer la base sobre la que tomar decisiones.

– Optimizar la utilización de los recursos para tratar los riesgos.

– Mejorar la eficacia y eficiencia operativa.

– Incrementar la adecuación y aprendizaje organizacional.

La gestión del riesgo, en definitiva, abarca los distintos elementos de control del riesgo, así como sus relaciones. De manera que la administración adopta el rol de evaluar e intervenir en los sucesos tanto internos como externos que tienen resultados positivos y negativos en el cumplimiento de los objetivos planteados.

La Plataforma Tecnológica ISOTools facilita la Gestión de Riesgos en las Administraciones Públicas, así como en otras organizaciones que deseen gestionar dichos riesgos.

ISOTools es especialmente eficaz en el control, medición y seguimiento de las amenazas a las que se encuentran expuestas las Administraciones Públicas.